La administración pública en Chile atraviesa una profunda crisis de confianza, alimentada por escándalos como el reciente fraude de licencias médicas que afecta a más de 25.000 funcionarios públicos. Este caso, revelado por la Contraloría General de la República, evidenció que muchos empleados de organismos estatales se ausentaron por motivos médicos mientras viajaban al extranjero, lo que ha desencadenado más de 6.600 sumarios en el gobierno central. Esta situación pone de manifiesto la urgente necesidad de fortalecer los mecanismos de control interno, siendo la capacitación en sumarios administrativos una herramienta fundamental.
Contar con equipos capacitados en la conducción de sumarios administrativos no solo permite garantizar el cumplimiento de las normas vigentes, sino que también fortalece una cultura institucional basada en la transparencia, la ética y la rendición de cuentas. En un contexto donde la percepción ciudadana hacia los organismos públicos es cada vez más crítica, resulta esencial que los funcionarios comprendan la relevancia de su papel en la detección y sanción de irregularidades.
Una adecuada ejecución del proceso sumarial es esencial para establecer responsabilidades con objetividad, aplicar sanciones con justicia y proteger los recursos del Estado. Además, contribuye a asegurar condiciones laborales equitativas al sancionar de manera correcta a quienes cometen faltas.
Los cambios legislativos recientes refuerzan esta urgencia. Se han implementado sanciones más estrictas contra profesionales de la salud que emiten licencias médicas injustificadas, incluyendo multas y suspensiones de hasta 180 días. Estas medidas demandan equipos técnicos preparados, capaces de identificar y gestionar casos complejos, minimizando el impacto legal y económico sobre las instituciones.
Frente a este escenario, la capacitación continua en sumarios administrativos debe dejar de ser una opción y convertirse en una prioridad estratégica para el sector público chileno. Solo así será posible prevenir futuras irregularidades, garantizar una administración eficiente y, sobre todo, comenzar a recuperar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. Las autoridades tienen el deber de promover programas de formación permanentes y asegurar los recursos necesarios para que los funcionarios públicos actúen con responsabilidad e integridad.